El Gobierno ha incluido por sorpresa en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 un nuevo impuesto que gravará la instalación de cada punto de recarga a gtravés de una doble tasa.
Esta doble tasa impositiva comienza por una de carácter municipal, que aparece recogida en la página 86 del BOE de 31 de diciembre, donde se establece que tendrá una cuantía mínima de 13,56 euros, de forma que cada Ayuntamiento podrá fijarla por encima de esa cifra si así lo estima oportuno, y que tendrá que afrontar "exclusivamente, el titular del establecimiento o local en el que el punto de recarga esté instalado".
Además, habrá otra cuota nacional, también de 13,56 euros, que "satisfará, exclusivamente, el propietario de los puntos de recarga".
Aunque se trata de una cantidad no muy importante, sirve para reflejar una realidad que muchos temían, y es que en el futuro, los impuestos a los que tendrá que hacer frente la movilidad eléctrica se multiplicarán, reduciendo sus ventajas comparativas respecto a los combustibles tradicionales.
Esta situación no resulta un aliciente para el indispensable crecimiento de la infraestructura de recarga en España, donde ctualmente hay poco más de 8.000 puntos de recarga públicos, a todas luces insuficientes si, como se espera, la venta de coches eléctricos se dispara a medio plazo, como todo parece indicar.
En esta linea, el Ayuntamiento de Barcelona cobrará una tasa de 50 euros anuales para los clientes particulares que usen la infraestructura habitualmente, que aumentará hasta los 100 euros para los profesionales. Además, el precio del kilowatio/hora también será diferente dependiendo de la intensidad del uso de los postes.
