La electrificación de la movilidad es una de las grandes bazas para llegar al futuro, de forma que coches, motos, patinetes… etc. se perfilan como alternativas a tener en cuenta, sobre todo en la movilidad urbana. Pero es una realidad que también plantea grandes retos, entre los que destacan la autonomía de las baterías, los lugares en los que podremos cargar el coche, o cómo y cuánto tardaremos.
El Gobierno se ha puesto como meta que haya 250.000 coches eléctricos circulando en nuestro país en 2023, mientras que en Europa también se han marcado objetivos de descarbonización de la movilidad... pero ahora toca llevarlo a la realidad y preguntarnos cómo conseguirlo.
La industria automovilística intenta cumplir su parte y ha puesto en el mercado más de 220 modelos de gama media y superior en 2021. En octubre, según datos de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE), los turismos eléctricos puros han registrado una subida de más del 32 % respecto a 2020, una cifra que representa el 4 % de las matriculaciones. En total, se han matriculado 17.452 coches eléctricos en 2021, lo que supone un incremento del 48,7 % respecto al mismo mes de 2020.
Así las cosas, el número de vehículos eléctricos que recorren las calles de nuestro país ya ha superado la barrera de los 65.000 coches, pero aún existen muchas dudas sobre su adecuado desarrollo futuro. En este sentido, Carlos Bermúdez, gerente de desarrollo de negocio de movilidad eléctrica de Repsol, ha explicado que uno de los desafíos es de carácter económico: “a día de hoy, un vehículo eléctrico es más caro que uno de combustible tradicional”.
El informe BloombergNEF elaborado para la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente (T&E) asegura que el precio medio de un vehículo eléctrico nuevo vendido en 2021 ha rondado los 41.571 euros, mientras que en 2019, su precio osciló en una media de 47.267 euros.
Una de las cuestiones para lograr el objetivo del Gobierno es acabar con la denominada “ansiedad de autonomía”, el temor a que la batería del vehículo se descargue totalmente durante el trayecto, motivo que frena muchas decisiones de compra de estos vehículos. Además, el coste de la batería dispara el precio de estos automóviles, por el momento, solo accesible a un nicho concreto de mercado.
Por otra parte, la batería determina la autonomía de estos coches, de forma que los de gama media permiten recorrer entre 200 y 300 kilómetros mientras que algunos modelos de marcas premium pueden alcanzar los 400. Además, las posibilidades que ofrece la actual infraestructura de recarga también influye en las probabilidades de éxito de la movilidad eléctrica.
Por otra parte, todavía no existe una base de datos oficial de puntos de recarga en el territorio nacional, y según el último barómetro de electromovilidad de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), España cuenta con un total de 12.702 puntos de recarga, lo que supone que en el tercer trimestre de 2021 se incrementaron en 855 los puntos de recarga. Pese a este aumento, España es el segundo país europeo peor valorado en cuanto a su infraestructura de recarga.
Así las cosas, el Gobierno se han planteado el objetivo de contar con entre 80.000 y 110.000 puntos de recarga para 2023, pero no se trata solo de contar con una red más amplia, sino que hay que poner el foco en el usuario y entender dónde necesita parar a recargar su vehículo eléctrico. “Los puntos de recarga de acceso público deberían estar en emplazamientos estratégicos que resulten de interés para los usuarios, tanto en ámbito urbano como interurbano, en zonas donde ya estamos acostumbrados a parar a repostar”, ha explicado el experto de Repsol, compañía que contará con más de 1.000 puntos de recarga eléctrica públicos para finales de 2022 y ofrecerá puntos de recarga rápida o ultrarrápida cada 50 kilómetros en las principales rutas del país.
Reducir los tiempos de recarga en la vía pública es otro gran reto para el año que entra, ya que recargar la batería puede variar, según la potencia de la estación de carga, entre una y seis horas para una recarga normal y alrededor de 20-30 minutos en modo rápido; mucho, si se compara con el repostaje de gasolinas y gasóleos, que se realiza en apenas algunos minutos.
El papel de la Administración pública es fundamental para que todas metas fijadas se cumplan, de forma que el Plan Moves III, aprobado en primavera, ha propiciado que muchos usuarios apuesten por el coche eléctrico gracias a una subvención que puede alcanzar los 7.000 euros y sufragar hasta el 70 % de la inversión para instalar los puntos de recarga en el domicilio. Pero las barreras administrativas dificultan la expansión de la red de puntos de recarga, ya que se producen retrasos en la concesión de licencias, permisos por parte de las distintas Administraciones públicas, trámites con la distribuidora, etc.