Suscríbete gratis a nuestro Boletín semanal y recibe las últimas noticias relacionadas con el mundo de los vehículos eléctricos.

Mejorar la legislación permitiría instalar 100.000 puntos de carga de coche eléctrico en 4 años

Instalar una estación de carga pública para coches eléctricos en España se encuentra a menudo con trabas burocráticas a las que se tienen que enfrentar las estaciones que pretendan la expansión de su red. Por este motivo, los operadores han denunciado que si hubiera más facilidades, la red podría dispararse en 100.000 nuevas estaciones en los próximos 4 años.

La asociación del vehículo eléctrico de España, AEDIVE, ha advertido de esta manera de los problemas que sufre el despliegue de esta red en España, donde los principales problemas tienen su origen en la administración pública.

Para AEDIVE, lograr llegar a las 100.000 estaciones hasta 2024 solo será posible cuando se resuelvan las trabas administrativas que actualmente lastran la puesta en marcha de este tipo de infraestructuras, teniendo en cuenta además las ayuda públicas, que no sólo están por debajo de lo habitual en Europa, sino que incluso el acceso a las mismas choca con absurdas normativas regionales, lo que perjudica principalmente a los operadores más pequeños, precisamente los que más protagonismo están teniendo en esta primera fase.

Para Arturo Pérez de Lucia, director general de AEDIVE, “el problema no radica en la industria ni en las empresas, que están motivadas y dispuestas, sino en las dificultades que tienen los operadores para poder instalar y operar los puntos de recarga y ese es un problema que parte principalmente de las Administraciones Públicas, que por otro lado son las que reclaman ese despliegue”.

Los operadores, entre los que se encuentran las comercializadoras eléctricas, empresas energéticas y compañías especializadas en el despliegue de este tipo de infraestructuras, han participado en un grupo de trabajo en el marco de AEDIVE, donde se ha analizado la posibilidad de poder cumplir con el objetivo anunciado por el Gobierno, para lo cual se han analizado las instalaciones existentes y pendientes de los permisos que habiliten a su operación, como de los proyectos a futuro inmediato de despliegue de cada una de las empresas en los próximos cuatro años.

Los operadores de carga en España encuentran principalmente dos barreras a la hora de desarrollar la infraestructura: por una parte, los permisos que dependen de la Dirección General de Carreteras; y por otra, los permisos y criterios que rigen en cada ayuntamiento para el despliegue de puntos de carga.

En lo que atañe a la primera barrera, inicialmente se asimilaron los puntos de recarga para coches eléctricos a las estaciones de servicio, con lo que los requisitos para su implantación son muy estrictos. Recientemente se ha hecho una modificación al respecto, suavizando algo los requerimientos, pero, aun así, el trámite es complicado y dificulta muchas operaciones.

El plazo de tiempo que tarda este organismo en responder es también desorbitado, ya que puede alargarse hasta un máximo de seis meses y si en ese tiempo no hay respuesta, se entiende que el silencio es negativo, lo que implica volver a empezar, lo que está retrasando significativamente todas las instalaciones en carretera.

En carreteras autonómicas o provinciales hay que ajustarse a la normativa de cada administración y en algunos casos el trámite es más sencillo; mientras que los ayuntamientos y las Comunidades Autónomas, tiene normativas y/o criterios diversos a la hora de autorizar la instalación de puntos de recarga, lo que complica los procesos de tramitación, y en ocasiones los retrasan. L

En este sentido, AEDIVE propone medidas como que las instalaciones de recarga en suelo público se liciten de forma homogénea, priorizando la calidad y los aspectos técnicos del proyecto respecto al canon económico a pagar, con una duración del acuerdo a largo plazo y acceso público garantizado para cualquier usuario.

Además, la patronal de las operadoras de carga piden una ventanilla única para las administraciones, con el fin de resolver las dudas sobre permisos, concesiones demaniales, ayudas y trámites ya que en ocsiones los servicios técnicos municipales se ven desbordados por la tramitación, en general por desconocimiento, y tardan meses en contestar.

También demandan la agilización por parte del Ministerio de Industria de la aprobación de los proyectos eléctricos necesarios para acometidas de media tensión para desplegar infraestructuras de recarga, que actualmente implican tiempos de hasta 1 año, así como duplicar el periodo de las concesiones para Áreas de Servicio, que actualmente son de 5 años, con el fin de hacer rentable la inversión de los operadores en este plazo.

Por otro lado, las inversiones en infraestructura eléctrica para conectarse a la red que han de realizar los operadores de recarga en algunos emplazamientos pueden llegar a representar un porcentaje muy elevado de la inversión total, llegando a frenar el desarrollo de infraestructura de recarga, dada la baja utilización de la misma a día de hoy, por lo que desde la patronal de la movilidad eléctrica plantean el establecimmiento de medidas para facilitar el régimen de acometidas para puntos de recarga de acceso público en suelo no urbanizado de manera similar a los que realiza en suelo urbanizado.

Asimismo, en el proceso de desarrollo e instalación de la infraestructura de recarga, desde AEDIVE proponen aplicar un IVA reducido para la electricidad destinada a la recarga eléctrica en los puntos de acceso público, así como un incremento en el presupuesto del plan MOVES dedicado a infraestructuras de recarga y unificar los criterios de acceso entre las diferentes comunidades autónomas.

Además, solicitan que se faciliten líneas de crédito flexibles tipo ICO para la electrificación de flotas de empresa, y la implantación de un mercado o tasas de emisiones de la movilidad al igual que existen en otros países europeos, por el que los propietarios de infraestructura que promueven la energía verde en sus instalaciones puedan vender dichos derechos dentro de un mercado global de emisiones de movilidad o que en su defecto, exista un mercado de emisiones para aquellos operadores que provean de certificados de origen renovable a la energía que consume un determinado vehículo.

Instituciones