Endesa va a firmar un préstamo con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para financiar el despliegue de todos sus puntos de recarga públicos para vehículos eléctricos, dinero con el que pretende tener instalados 8.500 puntos en 2023, con una inversión total de 65 millones de euros. Hasta la fecha, la compañía tiene unos 1.500 puntos en marcha y alcanzará los 2.000 a finales de año.

El BEI lanzó a inicios de año un programa específico para financiar la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en la Península Ibérica, amparándose en las virtudes ecológicas de este tipo de movilidad a la hora de reducir los contaminantes ambientales, las emisiones de CO2 y el ruido. La entidad está potenciando la vertiente climática en su actividad, hasta que alcance el 50 % a partir de 2025.

El Programa del BEI para la Península Ibérica está dotado con 200 millones y persigue canalizar un volumen equivalente de inversión privada. De momento ha obtenido su primer cliente en Endesa, que acaricia la adjudicación de un primer préstamo de 35 millones.

La empresa dirigida por José Bogas presentó en noviembre de 2018 un plan para instalar más de 8.500 puntos de recarga públicos entre 2019 y 2023, repartido en dos fases. En la primera, de 2019 a 2020, habilitará 2.000 puntos en ubicaciones clave para dar acceso al 75 % de la población; en la segunda, entre 2021 y 2023, aceleraría el ritmo hasta alcanzar los 6.500 puntos restantes, emplazados sobre todo en zonas urbanas -para aumentar su densidad-, autopistas e islas.

De acuerdo con los datos de Anfac, en la actualidad hay unos 7.200 puntos de recarga públicos, y Endesa ha informado por su parte que tiene 1.500 puntos en marcha, acordados y en fase de instalación, de modo que avanza según lo previsto, y ratifica la consecución del objetivo de tener 2.000 puntos a disposición del público a final de año.

Los nuevos puntos, según la compañía, son de tres tipos: ultrarrápidos (350 kW), destinados a grandes vías, porque permiten cargar suficiente electricidad para recorrer 100 kilómetros en tres minutos; rápidos (50 kW), que ofrecen la misma autonomía en 20 minutos, destinados a las carreteras; y semirrápidos (22 kW) en zonas urbanas, que tardan 45 minutos.

 Estas instalaciones, no obstante, se van materializando a demanda y coste de los clientes, según la evolución del mercado, que avanza más despacio de lo previsto. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima del Gobierno (PNIEC) aspira a tener circulando unos cinco millones de vehículos eléctricos por el país en 2030, para lo que se necesitarán alrededor de 100.000 puntos de recarga públicos.

El Gobierno pretende que las gasolineras instalen puntos rápidos de 50 kW con carácter obligatorio tras la aprobación de la Ley de cambio climático y transición energética.