La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camionespatronal (Anfac) ha reclamado al Gobieron de la nación la puesta en marcha de una agencia estatal para impulsar el coche eléctrico.

La patronal automovilística Anfac ha identificado un total de dieciséis medidas que podrían aliviar la carencia de equipamientos clave en el ámbito del coche eléctrico, al tiempo que reclamaba la creación de una agencia estatal que supervise el cumplimiento de los objetivos marcados en cuanto a puntos de carga y promocione este tipo de vehículos.

Entre estas medidas, Anfac sugiere que es necesario el reconocimiento de interés estratégico nacional los proyectos de despliegue de infraestructuras de alta potencia (de más de 250kW), mejorar los incentivos para quiénes apuesten por su instalación y reducir, con exenciones fiscales y bonificaciones, los ingentes costes fijos que lastran esta infraestructura y que la hacen muy difícil de rentabilizar.

Según José Vicente de los Mozos, presidente de Anfac, que se entrevistó recientemente con la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, .«Es importante que las administraciones empujen»,  al tiempo que alertaba de un inicio de año «bastante malo» para el sector, ya que por ahora, las ventas de coches caen un 60 %, tras el alza del impuesto de matriculación.

En este sentido, el apoyo de las administraciones es especialmente necesario para impulsar el mercado de vehículos eléctricos y su red de recarga. De esta manera, José López-Tafall, director general de Anfac, ha explicado que «es necesaria una actuación más contundente y comprensiva por parte de las administraciones para acompañar el enorme esfuerzo que están haciendo las empresas»,  al tiempo que lamentaba «el gran escollo» que supone la falta de infraestructura, que frena las ventas de eléctricos «pese a la gran oferta de modelos disponibles».

En octubre, Ribera prometió que en 2023 habrá 100.000 puntos de recarga en nuestro país, una meta a la que Transición Ecológica destinará buena parte de los 1.100 millones que prevé asignar de los fondos europeos a la movilidad sostenible, pero que a día de hoy es muy lejana, no tanto por la dotación económica, sino por los farragosos trámites que exige la instalación, que pueden retrasar la apertura en hasta dos años.

Por este motivo, la asociación ha solicitado la declaración de interés estratégico nacional para los puntos de más de 250 kW, lo que supondría un procedimiento de «ventanilla única» que ahorraría trabas, especialmente en el ámbito local y reduciría a la mitad los plazos ordinarios.

Las propuestas de Anfac pasan también por establecer un objetivo intermedio vinculante de 45.000 puntos de acceso público al final de 2022, con la previsión de alcanzar 350.000 en 2030.

Para supervisar que se logran estos objetivos, Anfac ha propuesto la creación de un comité de coordinación dependiente del Consejo de Ministros o de la futura Comisión de Reconstrucción, además de la mencionada agencia estatal, una propuesta que se completaría con la creación de un Consejo Asesor para Despliegue de las Infraestructuras, en la que los miembros de la agencia tendrían representación, junto a asociaciones sectoriales y representantes industriales.

Además, los fabricantes piden que se establezca un registro de puntos de recarga de acceso público antes del 30 de marzo, y que se pueda recargar con una única aplicación o tarjeta en todos ellos, en lugar de necesitar una para cada operador. Por último, reclaman modificar la Ley del Sector Eléctrico para garantizar que los costes son transparentes.