El crecimiento relativamente acelerado del número de coches eléctricos en nuestro país se topa con algunos obstáculos como el "icing", un término, derivado de las siglas Internal Combustion Engine ( ICE), que describe la práctica de estacionar vehículos de gasolina o diésel en plazas reservadas exclusivamente para la recarga de coches eléctricos.
A pesar de que estas zonas de aparcamiento exclusivo para vehículos eléctricos están claramente señalizadas con pintura verde y una señal del tipo R-308, que incluye el pictograma de un enchufe, no es extraño verlas ocupadas de forma indebida en centros comerciales, estaciones de servicio, e incluso en vía pública.
Más allá de la incomodidad que supone para los conductores de los coches eléctricos, el icing representa un serio obstáculo para el desarrollo de una red de recarga que, por el momento, crece más despacio que la demanda.
De esta manera, cada punto libre resulta crucial, y bloquearlo supone entorpecer no solo la movilidad de un conductor, sino también el avance de todo un modelo energético más limpio.
Así las cosas, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha calificado esta conducta como infracción grave, con lo que las sanciones por ocupar sin autorización una plaza de recarga oscilan entre los 100 y los 200 euros.
Estas multas buscan proteger un recurso aún limitado, y fomentar un uso más cívico de las infraestructuras compartidas.
Sin embargo, el problema no termina con la sanción, y aunque la normativa es clara, en la práctica pueden surgir casos en los que la señalización es ambigua, se producen errores administrativos o las multas no han sido correctamente tramitadas.
En estas situaciones, es posible recurrir el expediente y contar con asesoramiento especializado, algo que puede resultar clave para evitar pagar una sanción indebida.
La norma se adapta a un contexto de cambio en el que prima el respeto por los espacios de recarga, que debe entenderse como un principio de convivencia. Así las cosas, de la misma manera que una plaza para personas con movilidad reducida no debe ser ocupada por quien no lo necesita, las zonas de carga eléctrica requieren el mismo nivel de compromiso y responsabilidad, y solo así podrá consolidarse un sistema de movilidad verdaderamente accesible, sostenible y justo.
