El futuro de las ayudas al coche eléctrico se ha convertido en uno de los asuntos que deberá resolver el próximo Gobierno. El Plan Auto+ seguirá funcionando durante 2026 pese a la convocatoria electoral, pero su financiación desde 2027 dependerá de las decisiones del Ejecutivo que salga de las urnas.
PSOE, PP, Vox y Sumar coinciden en la necesidad de modernizar el parque automovilístico español, aunque discrepan profundamente sobre la velocidad de la electrificación, las tecnologías que deben recibir ayudas y el papel que debe desempeñar el vehículo privado.
La primera certeza para quienes estén pensando actualmente en comprar un vehículo eléctrico es que las elecciones no paralizan el Plan Auto+. El programa cuenta en 2026 con 400 millones de euros y contempla ayudas de hasta 4.500 euros para turismos eléctricos, 5.000 para vehículos comerciales ligeros, 1.100 euros para motocicletas y 1.500 para cuadriciclos.
Aunque el Plan está diseñado inicialmente para mantenerse hasta finales de 2030, las cantidades disponibles en cada ejercicio deberán contar con respaldo presupuestario, de manera que la principal incógnita comienza realmente en 2027. Para fabricantes y concesionarios, esa continuidad resulta especialmente importante porque la incertidumbre sobre las subvenciones puede llevar a muchos compradores a aplazar sus decisiones.
El PSOE es la formación que apuesta de manera más clara por mantener la política actual de impulso a la electrificación. Los socialistas consideran el vehículo eléctrico una pieza fundamental tanto de la descarbonización del transporte como de la transformación de la industria española y defienden mantener los incentivos a la compra junto con instrumentos como el PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado y el Plan España Auto 2030. Su estrategia pasa igualmente por ampliar la infraestructura de recarga, favorecer la fabricación de vehículos y baterías en España y facilitar que las ayudas lleguen de manera más eficaz al comprador. Una victoria socialista supondría, previsiblemente, mantener la filosofía del Auto+, aunque quedaría por determinar la dotación económica de las próximas convocatorias.
El Partido Popular también considera necesario impulsar el vehículo eléctrico, pero cuestiona algunos de los mecanismos utilizados hasta ahora. Alberto Núñez Feijóo ha defendido que las ayudas sean más rápidas y que puedan descontarse directamente en el concesionario, evitando que el comprador tenga que adelantar el dinero y esperar posteriormente durante meses para cobrar la subvención. El PP propone además reducir burocracia, utilizar incentivos fiscales, favorecer la renovación de flotas empresariales y desarrollar con mayor rapidez la red de recarga. Sin embargo, introduce una diferencia fundamental respecto al PSOE: reivindica la neutralidad tecnológica, de modo que la renovación del parque pueda beneficiar también a otras tecnologías de bajas emisiones y no exclusivamente al vehículo eléctrico.
Más alejada del actual modelo se encuentra Vox, que rechaza que la política pública obligue progresivamente a sustituir los vehículos de combustión por eléctricos. La formación propone un modelo denominado «multienergía», en el que puedan convivir automóviles eléctricos con motores térmicos modernos, biocombustibles, hidrógeno y otras tecnologías. También ha cuestionado el calendario europeo para abandonar la comercialización de nuevos vehículos de combustión y defiende que las ayudas a la renovación del parque no estén vinculadas exclusivamente a modelos electrificados. Por ello, su influencia en un futuro Gobierno podría traducirse no tanto en la desaparición de los incentivos, sino en una ampliación sustancial del tipo de vehículos susceptibles de recibirlos.
Sumar plantea el debate desde una perspectiva distinta. Aunque respalda la electrificación y ha defendido instrumentos como el leasing social de vehículos eléctricos para facilitar el acceso de las rentas medias y bajas, considera insuficiente sustituir millones de coches de gasolina y diésel por otros tantos eléctricos. Su estrategia concede mayor protagonismo al transporte público, el ferrocarril, la bicicleta y la reducción de la dependencia del automóvil privado, especialmente en las grandes ciudades. Desde esta perspectiva, las ayudas al coche eléctrico deberían formar parte de una política más amplia de movilidad sostenible y no convertirse en el principal instrumento de transformación del transporte.
Las elecciones enfrentan así modelos claramente diferenciados. Mientras que el PSOE pretende profundizar en la electrificación; el PP quiere mantener los incentivos pero hacerlos más ágiles y tecnológicamente abiertos; Vox cuestiona la prioridad concedida al eléctrico y reclama igualdad de trato para diferentes tecnologías; y Sumar quiere desplazar parte del esfuerzo público desde el automóvil hacia otras formas de movilidad. La discusión sobre el futuro del Plan Auto+ será probablemente una de las primeras pruebas de esas diferencias, porque aunque las ayudas actualmente convocadas están garantizadas mientras haya fondos disponibles, las correspondientes a 2027 deberán ser respaldadas por el próximo Gobierno.
Para la industria y para los compradores, sin embargo, hay una cuestión que trasciende las posiciones partidistas: la necesidad de estabilidad. España sigue necesitando aumentar las matriculaciones de eléctricos, ampliar significativamente la red de recarga y proteger una industria del automóvil sometida a una transformación histórica. La principal incógnita tras las elecciones no será, por tanto, si continuará existiendo algún tipo de ayuda al automóvil, sino qué vehículos recibirán esas ayudas, cuánto dinero se destinará a ellas y hasta qué punto el próximo Gobierno seguirá considerando al coche eléctrico la tecnología central de la movilidad del futuro.
