El Ayuntamiento de Bilbao pretende adaptar los aparcamientos municipales a la nueva movilidad y concentrar las plazas electrificadas en zonas concretas, en muchos casos en las plantas superiores. Pero este plan choca con una resistencia creciente entre usuarios y residentes, que no quieren renunciar a sus parcelas habituales ni asumir cambios en un espacio que consideran consolidado desde hace años.
La electrificación de los aparcamientos municipales de Bilbao se ha convertido en un frentes delicados en la transición hacia el coche eléctrico. El consistorio lleva tiempo diseñando una red de recarga en sus parkings de residentes con el objetivo de acompañar el cambio tecnológico y responder a una demanda que ya no es anecdótica, un plan municipal que se fijó como meta electrificar hasta el 10 % de las cerca de 17.000 plazas repartidas en 51 estacionamientos, es decir, unas 1.700 parcelas, con el parking de Torres Quevedo como primera experiencia piloto.
Sobre el papel, la estrategia de agrupar las plazas con enchufe para facilitar la instalación eléctrica, contener costes y ordenar la gestión de la potencia, parece lógica. El problema surge cuando esa racionalidad técnica aterriza en el uso cotidiano del aparcamiento. De esta manera, en varios parkings municipales, la solución que se baraja pasa por reservar para los vehículos eléctricos espacios concretos en plantas superiores o en áreas específicas, lo que implica reordenar adjudicaciones y desplazar a usuarios que llevan años ocupando una plaza determinada. Y es ahí es donde la modernización deja de ser un asunto puramente técnico para convertirse en un conflicto vecinal.
La resistencia no responde únicamente a una cuestión de costumbre, y es que para muchos vecinos, ceder una plaza bien situada, más cómoda, más ancha o más cercana al ascensor, supone perder un derecho de facto, aunque la titularidad del uso esté sometida a la ordenanza municipal. Otros temen que el reparto de espacios acabe generando usuarios de primera y de segunda, de manera que quienes tengan coche eléctrico accederían a plazas adaptadas y, en ocasiones, mejor conectadas con la infraestructura, mientras que el resto asumiría los desplazamientos internos o una ubicación menos ventajosa. Y es que en aparcamientos con alta ocupación y poco margen de maniobra, cualquier cambio se vive como un agravio comparativo.
El Ayuntamiento defiende que concentrar las parcelas electrificadas no es un capricho, sino una necesidad operativa, y defiende que la instalación de puntos de recarga inteligentes exige canalizaciones, cuadros eléctricos, sistemas de comunicación y una planificación de potencia que resulta mucho más eficiente cuando las plazas no están dispersas por todo el edificio. En esa lógica se encuadra también la futura reorganización del parking del Ensanche, que tras su reforma contará con cinco plantas y una planta completa para residentes, concebida como un aparcamiento más preparado para los nuevos retos de movilidad urbana. Sin embargo, la pregunta de fondo sigue siendo quién asume el coste práctico de esa adaptación.
La controversia revela un problema de fondo que se repite en muchas ciudades: la movilidad eléctrica no depende solo de vender más coches enchufables, sino de adaptar infraestructuras heredadas de otra época. En el caso de Bilbao, la dificultad es mayor porque buena parte del parque residencial carece de garajes privados modernos y muchos conductores dependen de concesiones municipales de larga duración... y cuando el espacio es limitado y la infraestructura debe compartirse, la transición energética deja de ser una promesa abstracta y se mide en metros cuadrados, rampas, ascensores y plazas concretas.
Así las cosas, Bilbao afronta así una disyuntiva incómoda pero inevitable, que pasa por acelerar la electrificación de sus parkings municipales o retrasar una transformación que la normativa ambiental y la propia evolución del mercado harán cada vez más urgente. La clave estará en cómo gestione el Ayuntamiento ese equilibrio entre interés general y derechos percibidos por los usuarios, porque el debate ya no es si el coche eléctrico necesita sitio en los aparcamientos de la ciudad, sino qué vecinos estarán dispuestos a moverse para hacérselo.
