El Ministerio de Industria y Turismo ha aprobado una nueva orden que establece las bases para conceder ayudas públicas destinadas a impulsar proyectos industriales relacionados con la producción de baterías y pilas de combustible de hidrógeno para el vehículo eléctrico, una medida que forma parte del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC) y está financiada con fondos europeos del Plan de Recuperación.
El objetivo de esta iniciativa es reforzar la cadena de valor del vehículo eléctrico en España mediante el apoyo a inversiones industriales que aumenten la capacidad de fabricación de baterías, sus componentes y las materias primas necesarias para su producción.
También se incluyen en estas ayudas proyectos relacionados con la recuperación y reciclaje de materiales procedentes de baterías y sistemas de hidrógeno.
Las ayudas se concederán en forma de subvenciones directas a empresas industriales establecidas en la Unión Europea que desarrollen su actividad en España.
Entre las actuaciones financiables se encuentran la creación de nuevas plantas de producción, la ampliación de instalaciones existentes mediante nuevas líneas de fabricación o la reconversión de líneas industriales para producir tecnologías vinculadas al vehículo eléctrico.
Según establece la orden, los proyectos deberán contar con una inversión mínima de 30 millones de euros y podrán recibir ayudas que oscilarán entre el 15 % y el 35 % de los costes subvencionables, dependiendo de la localización de la inversión y del tamaño de la empresa. En determinados casos, la ayuda máxima por proyecto podrá alcanzar los 350 millones de euros.
El programa busca además garantizar que las inversiones contribuyan a la transición energética y a la descarbonización de la industria; por ello, los proyectos deberán demostrar una contribución significativa a los objetivos climáticos y cumplir con el principio europeo de «no causar un perjuicio significativo» al medio ambiente.
Las subvenciones se concederán mediante un sistema de concurrencia no competitiva, lo que significa que las solicitudes se evaluarán y resolverán por orden de llegada hasta agotar el presupuesto disponible.
Las resoluciones deberán publicarse antes del 30 de junio de 2026 y los proyectos financiados podrán ejecutarse durante un plazo máximo de cinco años. Con esta medida, el Gobierno pretende consolidar a España como uno de los centros industriales clave en Europa para la fabricación de tecnologías vinculadas a la movilidad eléctrica, al tiempo que refuerza la autonomía estratégica del sector automovilístico y fomenta la inversión en tecnologías limpias.
