Las ayudas a la compra de coches eléctricos volverán a entrar en vigor casi a la vez que entran en funcionamiento los aranceles al sector. De esta manera, el Consejo de Ministros ha aprobado prorrogar de nuevo el Programa Moves III que decayó tras la no convalidación del decreto omnibus , y todo ante la caída de un 53 % en los pedidos de coches eléctricos en el arranque del año.
El nuevo plan permitirá ahorrar la tardanza en la tramitación que viene arrastrando el programa y que causa frustración entre los clientes de híbridos enchufables y eléctricos.
En total, la dotación de la tercera edición de Moves alcanzará los 400 millones de euros, y parace que tendrá también efecto retroactivo.
A diferencia de lo planteado inicialmente la ampliación de estas ayudas no será únicamente hasta junio, sino que será hasta final de año, lo que parece dar a entender que el posible cambio en el sistema de ayudas no está próximo en el tiempo.
Parece que las ayudas tendrán carácter retroactivo, y que se ampliará además a las deducciones del IRPF por compra de eléctrico, que llegan hasta el 15 % del precio de la adquisición.
Además, la vicepresidenta segunda y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha asegurado que el programa incluirá "mejoras en la tramitación" para hacerla "muchísimo más ágil" de lo que venía siendo actualmente, ya que se habilitarán nuevos mecanismos dirigidos a las Comunidades Autónomas, que son en realidad las encargadas del funcionamiento dl programa.
De esta manera, los clientes que quieran adquirir un vehículo eléctrico, híbrido enchufable o con pila de hidrógeno, podrán recibir ayudas de hasta 7.000 euros en caso de que achatarre un viejo vehículo y de 5.500 en caso de que no.
La medida pretende estimular la venta de coches eléctricos en un momento en que las opciones chinas están empezando a capturar cada vez una mayor cuota de mercado en Europa.
Destaca el hecho de que el Moves sale de la lista de medidas que no se incluyeron en el pacto con Junts, después de que el decreto económico de finales de año no fuera convalidado por el Congreso. Entre ellas, se encuentra la moratoria contable, que permite no tener en cuenta las pérdidas que sufrieron las empresas durante el Covid-19 de cara a entrar en causa de disolución, afectando a miles de pymes, así como las ayudas a la industria electrointensiva.
