La primera ministra italiana Giorgia Meloni ha asgurado que su Gobierno está dispuesto a intervenir para evitar que el precio de la electricidad convierta al coche eléctrico en un lujo, y ha defendido que la energía no puede convertirse en el impuesto invisible que termine por hundir la competitividad del coche eléctrico frente a los combustibles fósiles.
Meloni parece tenerlo claro, y ha asegurado que "no tiene sentido pedir a los ciudadanos que hagan un esfuerzo económico importante para cambiar de coche y, después, dejarles a merced de tarifas eléctricas imprevisibles o directamente elevadas".
Según este planteamiento, la energía no puede convertirse en el impuesto invisible que termine por hundir la competitividad del coche eléctrico frente a los que emplean combustibles fósiles, quedando claro que el problema no está solo en el precio del coche.
En Italia, muchos potenciales compradores hacen números, de manera que si no tienen plaza de garaje con enchufe propio y dependen en gran medida de la recarga pública, la ecuación no sale, ya que las diferencias de precio entre cargar en casa y hacerlo en un punto rápido son notables.
Hasta la fecha, la mayoría de los gobiernos han centrado sus esfuerzos en el momento de la compra, con ayudas directas, incentivos fiscales, planes de renovación del parque; pero Italia quiere dar un paso más allá, actuando también “después”, es decir, en el día a día, garantizando que el coste por kilómetro sea competitivo y estable, y no una ruleta que depende del operador o de la hora del día.
Así las cosas, en Roma ya hablan de revisar peajes energéticos específicos para el transporte y de ejercer más presión regulatoria sobre las compañías eléctricas, y todo con un mensaje es claro, que pasa porque la red pública de recarga no puede convertirse en un freno por sus tarifas, sino que debe ser un motor de la transición.
Este movimiento también tiene una lectura industrial, ya que Italia, al igual que Alemania, ha sido muy crítica con el calendario europeo que fija 2035 como fecha para el fin de los motores de combustión.
Esta decisión italiana va más allá de sus fronteras, ya que si un país del peso político e industrial de Italia interviene o regula de forma activa el precio de la recarga pública, estará creando un precedente dentro de la Unión Europea, algo que puede cambiar el debate, que hasta ahora estaba centrado en la autonomía, en el tamaño del pack de baterías, en la velocidad de carga o en los nuevos modelos que llegan al mercado.
De esta manera, cada vez parece más claro que la batalla real se libra en el precio del kWh, porque al final, lo que importa al conductor es cuánto paga al terminar el trayecto.
En España la situación es parecida, ya que aquí también se repite el patrón de ayudas a la compra, planes que van y vienen, incertidumbre administrativa, y todo con precios de recarga pública que, en algunos casos, hacen que el ahorro frente al diésel o la gasolina sea mucho menor de lo esperado.
La buena noticia es que si Italia demuestra que intervenir puede estabilizar el mercado y dar confianza al consumidor, la presión sobre otros gobiernos será inevitable, y si el plan italiano logra estabilizar y abaratar la recarga pública, podría marcar un punto de inflexión en Europa.
Y es que el verdadero incentivo para electrificar el parque no está únicamente en un cheque puntual a la compra, sino en la seguridad de que, mes tras mes, el coche eléctrico resulta más económico de usar que uno de combustión.
La conclusion de esta decision italiana es que la descarbonización no puede apoyarse únicamente en prohibiciones y objetivos a largo plazo, sino que necesita una política energética que acompañe; y sobre todo, que proteja al consumidor final en el momento de enchufar el coche y mirar el precio que marca el poste.
