Uno de cada cuatro puntos de recarga instalados en España (17.073) no están operativos

Uno de cada cuatro puntos de recarga instalados en España (17.073) no están operativos

Un informe sobre electromovilidad acaba de evidenciar las carencias de los puntos de recarga de coches eléctricos en España, donde uno de cada cuatro cargadores no funcionan. Más en concreto, en la actualidad hay 17.073 puntos de recarga para coches eléctricos instalados pero que se mantienen fuera de servicio.

 

Según los datos extraídos del Barómetro de la Electromovilidad correspondiente al primer trimestre de 2026, publicado por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), esta cifra pone de manifiesto un cuello de botella administrativo y técnico que amenaza con frenar la transición hacia el coche eléctrico.

El informe destaca que, aunque el esfuerzo inversor de las empresas operadoras ha permitido alcanzar una red teórica de 56.634 puntos de recarga públicos, la realidad para el usuario es mucho más precaria debido a que más del 23 % de esta infraestructura permanece inoperativa por bloqueos en los trámites de conexión a la red eléctrica o por la lentitud en la concesión de licencias municipales.

Este estancamiento supone un menoscabo a la confianza de los consumidores, quienes perciben la falta de disponibilidad real como el principal obstáculo para abandonar los combustibles fósiles. De hecho, a la organización le preocupa que muchos de estos puntos de recarga "fantasma" llevan meses terminados, acumulando polvo en estaciones de servicio y parkings públicos a la espera de un permiso administrativo o de que la distribuidora eléctrica finalice la acometida necesaria para suministrar energía a los postes.

La situación es especialmente crítica cuando se analiza la infraestructura de alta potencia, esencial para permitir viajes de larga distancia y equiparar la experiencia del coche eléctrico a la del repostaje convencional. En este sentido, el Barómetro indica que España ha obtenido una valoración de 17,4 puntos sobre 100 en el indicador global de electromovilidad durante este primer trimestre, una cifra que, aunque supone un ligero incremento respecto a periodos anteriores, sitúa al país todavía muy lejos de la media europea y de los objetivos marcados para el horizonte 2030.

La inoperatividad de casi una cuarta parte de los puntos instalados es, según los expertos del sector, el factor que más lastra esta puntuación.

Desde el punto de vista regional, la disparidad es notable; y mientras que comunidades como Madrid, Cataluña y Navarra lideran el despliegue y presentan una mejor salud en su infraestructura, otras zonas del interior y del sur de la península sufren de forma más aguda el fenómeno de los cargadores inactivos. Lo peor es que esta falta de homogeneidad territorial crea "desiertos eléctricos" que complican la planificación de rutas para los conductores de vehículos electrificados.

La patronal de los fabricantes insiste en que, para cumplir con las exigencias del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es imperativo agilizar la burocracia y simplificar los procesos de legalización, ya que no tiene sentido, argumentan desde ANFAC, que un operador privado realice la inversión necesaria y que el activo permanezca inutilizado durante un año o más por la falta de coordinación entre las distintas capas de la administración pública y las compañías eléctricas.

Además, el informe de 2026 advierte sobre la necesidad de diferenciar entre el punto de recarga y el conector, una distinción técnica que a menudo confunde al gran público. Mientras que una estación puede tener varios conectores, la capacidad de servicio real está limitada por la potencia disponible en el polo de carga.

Por otra parte, la entrega de energía eléctrica a través de interfaces físicas, ya sean cables inseparables o tomas de corriente, debe ser un proceso fluido que actualmente se ve truncado por fallos de interoperabilidad y mantenimiento.

Así las cosas, un punto que figura como instalado pero no operativo no solo es una oportunidad perdida de reducir emisiones, sino que también supone un coste de oportunidad para la economía nacional en términos de innovación y liderazgo tecnológico en la movilidad del futuro.

De esta manera, el cierre del primer trimestre de 2026 deja una lectura agridulce, ya que por un lado, la capacidad de instalación ha demostrado un dinamismo notable, superando las 56.000 unidades y mostrando que el sector privado está cumpliendo con su parte del trato; pero por otro, la realidad de los 17.073 puntos inactivos actúa como un recordatorio persistente de las deficiencias estructurales que aún padece el sistema energético español.

En este sentido, el Barómetro de la Electromovilidad concluye que, sin una ventanilla única o un procedimiento de urgencia que desatasque estas instalaciones, España difícilmente podrá alcanzar los niveles de adopción de vehículo eléctrico necesarios para cumplir con los compromisos climáticos internacionales, dejando a miles de conductores ante una infraestructura que existe en el papel pero que no da energía en la carretera.

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