El coche eléctrico vive en España un momento decisivo, y tras años de crecimiento impulsado por el Plan MOVES III, las matriculaciones han alcanzado cifras récord y la percepción social hacia la movilidad eléctrica es cada vez más positiva. Sin embargo, la retirada de fondos en varias comunidades autónomas ha encendido las alarmas en el sector, que advierte de un frenazo si no se garantiza la continuidad de las ayudas.
El caso es que Madrid y Cataluña, dos de los territorios con mayor peso en el mercado de la movilidad eléctrica, ya han agotado el presupuesto disponible, una situación que deja a miles de compradores en una posición de incertidumbre, con operaciones pendientes de formalizar y concesionarios que ven cómo la demanda se ralentiza. Y lo mismo sucede en otras siete Comunidades Autonomas: Andalucía, Aragón, Cantabria, Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra, y País Vasco.
Así las cosas, el sector teme que, sin un relevo inmediato de las ayudas, se produzca un parón que eche por tierra el esfuerzo realizado en los últimos años. En este sentido, fabricantes y asociaciones del automóvil coinciden en que España no puede permitirse perder el ritmo de electrificación en un momento en el que Europa acelera sus objetivos de descarbonización.
La falta de fondos contrasta con la estrategia de países vecinos, que mantienen sus programas de incentivos como pieza clave para estimular la demanda y cumplir con las normativas de emisiones.
En este contexto, la patronal Anfac y otras entidades del sector han reclamado al Gobierno central que actúe con rapidez y habilite una transición fluida entre el Plan MOVES III y el futuro plan de ayudas que lo sustituya, al considerar que no puede haber vacíos de financiación que desincentiven a los consumidores y generen desconfianza en el mercado.
Mientras tanto, los concesionarios afrontan un escenario de incertidumbre que ya empieza a reflejarse en la actividad diaria; ya que muchos clientes retrasan sus decisiones de compra a la espera de saber si contarán con subvenciones, lo que genera un efecto embudo en el sector y amenaza con reducir las ventas en el corto plazo.
El reto ahora está en garantizar que España mantenga su compromiso con la electrificación y no quede rezagada frente a sus socios europeos, para lo que será clave asegurar una política de ayudas estable, previsible y de largo alcance que dé seguridad tanto a compradores como a fabricantes.
