La recientemente Ley de Movilidad Sostenible aprobada "in extremis" en el Congreso de los Diputados redefine el futuro de los coches eléctricos en España con nuevas exigencias de electrificación, la revisión de las etiquetas ambientales y un importante impulso hacia la descarbonización del transporte.
Nos encontramos probablemente ante la mayor transformación normativa de la movilidad en España en décadas, ya que además de ser una condición para recibir parte de los fondos europeos, esta norma plantea un cambio profundo en el modo de gestionar los desplazamientos, el acceso a las ciudades y la composición del parque automovilístico nacional, situando la electrificación, la gestión inteligente de la movilidad y la lucha contra el cambio climático como ejes centrales.
Esta normativa responde al compromiso de España con la descarbonización del transporte para 2050, fijando objetivos intermedios vinculantes para 2030 y 2040, y el Gobierno será el encargado a partir de ahora de desarrollar planes de renovación del parque automovilístico, priorizando el uso de energías renovables y combustibles alternativos.
La ley crea un sistema nacional para coordinar políticas entre Estado, Comunidades Autónomas yAayuntamientos, fortaleciendo la gobernanza y los datos abiertos para la planificación y la gestión eficiente, y entre los cambios clave que aporta, destacan:
- Etiquetas de la DGT y acceso urbano
Entre los puntos críticos de esta nueva legislación destaca la obligatoria revisión del sistema de etiquetas ambientales de la DGT. Hasta ahora, las etiquetas CERO, ECO, C o B se asignaban con criterios tecnológicos y de edad del vehículo, lo que permitía “coladeros” de coches con pocas prestaciones ecológicas, como algunos híbridos enchufables grandes y SUV.
Ahora, la ley exige que el nuevo sistema incorpore las emisiones reales de CO₂, lo que podría dejar fuera de las Zonas de Bajas Emisiones a modelos tradicionalmente favorecidos por la legislación anterior, un ajuste que supondrá que miles de vehículos podrían ver restringido su acceso a centros urbanos, de manera que solo los eléctricos puros y los de hidrógeno, junto a híbridos enchufables con autonomía eléctrica homologada superior a 90 km (WLTP), conservarán la etiqueta CERO de la DGT. El resto de híbridos enchufables perderán esa distinción y pasarán a ECO, perdiendo beneficios asociados.
- Impulso a la electrificación
La ley respalda la electrificación del parque automovilístico, de manera que las estaciones de servicio con ventas superiores a los 10 millones de litros de combustible deberán instalar grupos de recarga eléctrica de al menos 400 kW, incluyendo un punto de recarga ultrarrápida de mínimo 150 kW en corriente continua antes de 2025.
Además, a partir de 2027, estas mismas gasolineras tendrán que ampliar a grupos de recarga de al menos 600 kW, para garantizar el suministro y adaptarse a la demanda creciente de vehículos eléctricos. El gobierno se compromete además a publicar mapas y señalizaciones específicas en toda la red de carreteras para informar sobre la localización de estas infraestructuras; y se lanzará un plan de incentivos para la adquisición de vehículos de cero o bajas emisiones, que irá acompañado de un programa de retiro voluntario para modelos antiguos y contaminantes.
- Obligaciones para empresas y movilidad laboral
Las compañías con más de 200 trabajadores deberán adoptar un plan de movilidad al trabajo en los próximos dos años, que deberá priorizar el transporte público, la movilidad activa (andar, bicicleta), el teletrabajo, horarios flexibles y el coche compartido, así como facilitar el uso de vehículos eléctricos por parte de empleados y clientes.
A corto plazo, se prevé que esta medida reduzca el tráfico de coches privados en horas punta, descongestionando las ciudades y mejorando la calidad del aire. Impactará especialmente a las grandes urbes y polígonos industriales, donde los desplazamientos laborales son uno de los mayores focos de emisiones contaminantes.
- Zonas de Bajas Emisiones y nuevas tasas
La ley introduce la obligatoriedad de instaurar Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en ciudades grandes y permite a los municipios imponer tasas a los vehículos más contaminantes que circulen por estas áreas. Esto, junto con la reforma de las etiquetas ambientales, hará que el coste de circular con vehículos convencionales y contaminantes aumente progresivamente, desincentivando su uso en favor de alternativas más sostenibles.
En otro orden de cosas, los fabricantes deberán acelerar su apuesta por los coches eléctricos y mejorar la eficiencia real de sus modelos híbridos y de combustión; estimçandose que en el plazo de cinco a diez años, el parque móvil español sea más limpio y moderno, con una creciente presencia de vehículos eléctricos y una reducción de los modelos más contaminantes.
Las patronales, parte del sector de la automoción y algunas asociaciones de pymes han criticado la rapidez del calendario de adaptación y el incremento en las obligaciones para las empresas. En este sentido, Faconauto, sin entrar a valorar el contenido de la Ley, considera que esta decisión marca un punto de inflexión en la política de movilidad y sostenibilidad de nuestro país, al reconocer la renovación del parque como una herramienta estructural para reducir emisiones, reforzar la seguridad vial y dinamizar la industria nacional.
Por su parte, los grupos ecologistas consideran que la ley sienta una base necesaria, pero reclaman mayor ambición y control en los objetivos y plazos para la neutralidad climática.
