El ritmo de expansión de la red de recarga en España se ha acelerado en 2025, y nuestro país ya contaba con más de 48.000 a finales de agosto. Sin embargo, el hecho de que más de 13.000 de estos cargadores instalados, lo que supone un 22 % de la infraestructura disponible, no estén aún en servicio por retrasos administrativos y de conexión, pone en evidencia que vamos con bastante retraso en este ámbito.
Además, solo el 25 % de los puntos públicos ofrecen recarga rápida o ultrarrápida, fundamentales para desplazamientos largos y para el despegue del vehículo eléctrico entre la mayoría de usuarios.
El hecho es que ese a un buen ritmo de crecimiento local, España sigue a la cola en comparación con otros países europeos. Europa acumula en estas fechas más de 950.000 puntos públicos de carga y alrededor de 11 millones de eléctricos en circulación en 2025, siendo países como Alemania, Francia, Países Bajos e Italia los que lideran el despliegue y concentran buena parte de la red continental.
En este sentido, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) fija como objetivo para España alcanzar 5,5 millones de eléctricos y más de 100.000 puntos de recarga para 2030, pero al ritmo actual, cumplir ese objetivo exigiría multiplicar por ocho la velocidad de despliegue y agilizar la puesta en marcha de infraestructuras.
La reciente inauguración de hubs como el de Intu Xanadú supone un salto cualitativo y cuantitativo para mejorar la experiencia del usuario, ofrecer servicios multiformato (ultrarrápidos y semirrápidos) y garantizar la carga a gran escala sin saturaciones. Por otra parte, la red de Iberdrola, con más de 10.000 puntos públicos activos en septiembre de 2025 (el 25% de ellos rápidos o ultrarrápidos), sirve para confirmar que la colaboración público-privada y la competencia entre operadores son las palancas clave del progreso.
En cualquier caso, para que España alcance el ritmo europeo son urgentes reformas en la tramitación, incentivos regulatorios y una estrategia nacional clara, que además contemple el despliegue de infraestructuras de recarga en áreas rurales, autopistas y centros logísticos.
Y por otra parte, la reducción del coste, el impulso del vehículo eléctrico asequible y la integración de energías renovables en la recarga resultan vitales para la descarbonización del transporte.
