El Gobierno británico aplicará un pago por kilómetro a los coches eléctricos para compensar la pérdida de ingresos por los impuestos a los combustibles fósiles, un anuncio que ha abierto un debate inesperado en el sector y que marcará una nueva forma de recaudar por el uso de la carretera, justo en un momento en el que la venta de gasolina y diésel retrocede con fuerza.
La decisión llega acompañada de un paquete de ajustes fiscales que mezcla alivios temporales con nuevas cargas que cambiarán los cálculos de miles de conductores. Se trata de una maniobra, con la que el gobierno de Reino Unido intenta equilibrar unas cuentas marcadas por la caída en los impuestos tradicionales sobre los combustibles, al tiempo que mantiene sus planes para fomentar la movilidad eléctrica.
El Ejecutivo británico ha confirmado que los propietarios de coches eléctricos puros asumirán un cobro de 0,021 euros por kilómetro a partir de abril de 2028, mientras que los híbridos enchufables tendrán un cargo de 0,011 euros por kilómetro, estableciendo dos niveles que buscan compensar la pérdida de ingresos por la menor compra de combustibles fósiles.
Este cambio supone el fin del periodo en el que conducir un vehículo eléctrico prácticamente no tenía costes fiscales de uso, suponiendo una medida que llega tras años de debate sobre cómo reemplazar un flujo recaudatorio que se había convertido en un pilar del presupuesto público.
La disminución sostenida de gasolina y diésel obligó al Tesoro a decidir cómo ajustar un mapa fiscal cuyos huecos se agrandaban cada año; y aunque el sistema promete claridad para los próximos ciclos presupuestarios, también despierta inquietud entre quienes veían en los coches eléctricos un alivio económico frente al coche de combustión.
Los cálculos manejados por la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria del país indican que el primer año podría aportar más de 1.255.000 euros, siempre que la adopción de los vehículos eléctricos mantenga su ritmo. No obstante, algunas voces apuntan a que este nuevo pago por kilómetro podría frenar, al menos temporalmente, la compra de modelos eléctricos en un mercado ya de por sí sensible a los cambios fiscales.
Aunque el Presupuesto de Reino Unido fija la fecha de entrada en vigor, quedan por aclarar los detalles sobre el método que permitirá registrar con exactitud la distancia recorrida, de manera que el sistema de pago por kilómetro podría apoyarse en datos del propio vehículo, en controles periódicos o en un mecanismo híbrido, aunque el gobierno no ha precisado todavía ninguna opción.
Este tipo de peaje por distancia no es nuevo en el panorama internacional. Oregón, en Estados Unidos, o Nueva Zelanda ya cuentan con modelos parecidos, aunque su aplicación y seguimiento varían. En el caso británico, el reto es trasladar esa experiencia a un parque automovilístico mucho más grande, en plena transición tecnológica y con objetivos climáticos sujetos a revisión.
Lo que parece definitivo es que el mes de abril de 2028 se convierte en una fecha clave para fabricantes, concesionarios y usuarios de Reino Unido, que deberán replantear el coste real de mover un vehículo eléctrico.
Para contener el impacto del nuevo pago por kilómetro, el gobierno de Reino Unido elevará en 2026 el umbral del recargo sobre vehículos de precio elevado dentro del Vehicle Excise Duty (VED), que en español significa Impuesto Especial sobre Vehículos, pasando el límite de 40.000 a 50.000 libras, lo que retrasará los recargos para modelos como el Tesla Model Y o el Kia EV6.
El programa supondrá alrededor de 342.420.000 euros, una cifra que pretende sostener la transición sin alterar en exceso el mercado. Con estos ajustes, el gobierno británico intenta equilibrar dos movimientos que avanzan en direcciones distintas: sostener la adopción del vehículo eléctrico y, a la vez, garantizar un nivel de ingresos estable para las arcas públicas.
El resultado coloca al Reino Unido en el centro del debate europeo sobre cómo financiar el transporte en un mundo cada vez menos dependiente del combustible tradicional.
